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Desechan solicitud de juicio político contra Tesorero Municipal de San Ignacio Río Muerto

Desechan solicitud de juicio político contra Tesorero Municipal de San Ignacio Río Muerto

Hermosillo, Sonora a 25 de Enero.-Por considerar que no hay elementos suficientes, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó no iniciar procedimiento de juicio político en contra del ciudadano Omar Obed Pérez Barraza, tesorero municipal del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora.

El Acuerdo aprobado por unanimidad de los integrantes de dicha dictaminadora establece que no se puede comprobar que la conducta que se le señala al citado funcionario municipal pudiera encuadrarse dentro de las hipótesis que señalan las fracciones VI y VII del Artículo 270 de la Ley Estatal de Responsabilidades, al no tenerse por concluido el procedimiento que señala el Artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.

El dictamen que el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Jesús Alonso Montes Piña, hizo llegar con anticipación a los secretarios de la misma, refiere que la solicitud fue presentada por la ciudadana Sandra Dolores Quiroz Jurado el pasado 18 de diciembre, por supuestamente haber cometido el funcionario conductas que pudieran actualizar las fracciones VI y VII del Artículo 270 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Dicha solicitud fue ratificada por la promovente el 15 de enero del presente ante el Director General Jurídico del Congreso del Estado, Carlos Felipe Lugo Grijalva, por mandato del Acuerdo de fecha 11 de enero de 2019 tomado por la comisión.

“No está motivada la solicitud por eso el dictamen no va a favor, en primera porque la auditoría del ISAF no está concluida y segunda, porque la motivación no está bien fundamentada, entonces no podemos corresponder a conflictos internos de una administración nomás porque sí; la responsabilidad del Congreso va mucho más allá”, aseveró el diputado Montes Piña al término de la reunión.

Lo que quieren, dijo, es invitar a los 72 ayuntamientos a que asuman el papel que les corresponde, ya que son ellos los responsables de la información de la anterior administración, puesto que hicieron un proceso de entrega-recepción donde validaron lo que recibieron.

“Y si no han manifestado, en tiempo y forma, que no recibieron cuentas sanas, no podemos ahora estar respondiendo a sus reacciones, yo creo que debemos ser más responsables. El Cabildo tiene facultades y las puede ejercer sin tener necesidad de llegar hasta el Congreso, salvo que sí y sólo sí fuera muy necesario y bien justificado, pues no estamos para solapar a nadie”, expresó el legislador.

De la situación en el Ayuntamiento de Bácum informó que están muy atentos y a la fecha no han recibido un informe del Cabildo, lo que calificó como una irresponsabilidad, ya que dicho cuerpo edilicio debería haber notificado qué ocurre, sin embargo, sostuvo, nombraron a un encargado interino y no se lo han hecho saber al Congreso del Estado.

“Antier tuvimos contacto con un regidor y les estamos solicitando las actas; creo que por ahí se encuentra una licencia (del Presidente Municipal), y en las competencias del Congreso vamos a meterle lupa a eso porque aunque existe autonomía del Cabildo debieron habernos notificado”, exteriorizó.

De los asuntos pendientes en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales indicó que son más de 50 iniciativas las que tienen que revisar, se han desechado algunos folios y se retomaron otros, además de que harán una revisión de la Ley 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, aprobada el 8 de agosto de 2018 por los integrantes de la LXI Legislatura.

Agregó que construyen acuerdos con los otros grupos parlamentarios, principalmente con los que integran la coalición, y aunque no tienen la mayoría de los cabildos para dar marcha atrás a la Ley, se han dado muestras de madurez y de concertacesión para, en determinado momento, solicitar el avance en el tema.

Un tema básico de la Ley 288 es lo relativo a los “superpoderes” que se le dieron al Ejecutivo, además de que también se analizaría el tema de la rendición de cuentas de funcionarios y organismos autónomos, el veto constitucional y lograr que el Congreso del Estado tenga más facultades para contratar y/o sostener en los cargos a directivos, según sea el caso, puntualizó el diputado Jesús Alonso Montes Piña.

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